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El grave suceso quedó al descubierto hoy tras una serie de allanamientos realizados en la zona norte de nuestro medio, los que fueron ordenados por la jefatura de la Unidad Regional I, y de los que tomaron parte hombres de la sección Seguridad Personal, dependiente de la Agrupación de Unidades Especiales.

Sorpresa y media

Con los recaudos legales del caso, los uniformados llegaron hasta una finca de calle Tte. Loza al 6900, donde se domicilia un ex presidiario, que ahora está bajo el régimen de libertad condicional. Se trata de Ramón Jesús Bogado, de 41 años. Junto al nombrado se encontraba su concubina.

La requisa del inmueble transcurría sin mayores novedades hasta que uno de los hombres se topó con la sorpresa. Oculta en un cajón de doble fondo se halló una pistola, calibre 9 milímetros. Dicha arma (considerada como arma de guerra) está registrada con el número 277992.

A partir de entonces se iniciaron los trabajos para tratar de determinar la procedencia. Y no fueron pocos los que quedaron pálidos cuando se supo que dicha arma de fuego pertenecía a un policía, actualmente en funciones en la seccional 25, de barrio El Pozo.

Lo que siguió fue llegar hasta dicha dependencia, donde los investigadores sorprendieron al involucrado, M. A. Z., trabajando sin su arma. Tras las notificaciones de rigor, no ofreció mayor resistencia cuando se le comunicó que iba a quedar detenido.

De las implicancias del caso, se puso al tanto a las autoridades de la URI, los que dispusieron el arresto del involucrado y su inmediato pase a disponibilidad, hasta tanto se establezcan las responsabilidades del caso.

Dinero sucio

Si la aparición del arma del policía dejó boquiabierto a más de uno, la declaración de Bogado no se quedó atrás cuando fue interrogado al respecto.

Por ejemplo, reveló que debía pagar 200 pesos, por tener la pistola durante un día. A su vez las balas eran vendidas a 5 pesos cada una.

El vil negocio también habría incluido un “bonus extra” por parte del policía, que le “marcaba” los objetivos más adecuados.

Graves cargos

Con respecto a la situación del acusado, el juez de instrucción en turno dispuso que quede en calidad de detenido e incomunicado.

Además, le achacó los cargos de “entrega indebida de arma de fuego; incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos en concurso real.

Al estar involucrado un personal policial en tan grave hecho, se dio intervención a la sección División Judicial de la Unidad Regional I. Su jefe, el comisario inspector, José María Troncoso, opinó que “lo ocurrido es muy grave. Pero con esto queda en claro que la institución no saca el cuerpo a la hora de hacer su autodepuración y sacar a los elementos nocivos de sus filas.